Chihuahua.- La diputada Nancy Frías del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentó un ambicioso paquete legislativo que busca reformar cinco leyes estatales para fortalecer la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres contra el abuso sexual y otras formas de violencia.
La iniciativa, titulada Paquete Integral de Reformas para la Protección de la Dignidad Humana, propone modificaciones al Código Penal, la Ley del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Movilidad, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua.
Entre los principales cambios se incluye la actualización del tipo penal de abuso sexual, la incorporación del concepto de violencia vicaria y la creación de protocolos obligatorios para su detección y atención en instituciones educativas, de salud, seguridad y justicia. También se contempla una actuación más ágil de las autoridades, con plazos de hasta cuatro horas para emitir medidas de protección en casos de violencia sexual.
En el ámbito del transporte público, se establece por primera vez un Protocolo Estatal de Actuación ante casos de abuso sexual, con capacitación obligatoria para conductores y la implementación de mecanismos preventivos como senderos seguros y monitoreo.
La reforma también homologa el delito de abuso sexual con los estándares federales y eleva las penas en casos donde haya abuso de poder, agresión en espacios públicos o el uso de sustancias para vulnerar a la víctima.
“Esta reforma no busca solo sancionar el abuso sexual, sino prevenirlo, detectarlo a tiempo y garantizar atención integral a las víctimas”, expuso la legisladora.
Señaló que la propuesta responde al Compromiso Nacional para Homologar el Delito de Abuso Sexual, firmado recientemente por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y otros mandatarios estatales.
Desde una visión transversal, las reformas colocan la dignidad humana y la perspectiva de género como ejes rectores, reconociendo al abuso sexual y a la violencia contra las mujeres como problemas estructurales que requieren una transformación profunda del marco legal.
Afirma que esta propuesta “no es solo una modificación jurídica, sino un compromiso ético con las víctimas y con el futuro de Chihuahua”.







