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Chihuahua.- La Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado presentó ante el Pleno el dictamen que da origen a la creación de un Protocolo de Protección al Personal Docente, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros, libres de violencia y con respaldo legal e institucional para maestras y maestros.
El documento, aprobado por unanimidad en reunión de comisión el pasado 5 de febrero, integra las iniciativas presentadas por legisladores de los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PAN, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos, laborales y emocionales del magisterio chihuahuense.
De acuerdo con el dictamen, la reforma adiciona un Capítulo V Bis a la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Chihuahua y nuevos párrafos al artículo 14 de la Ley Estatal de Educación, con lo que se establece la obligación de la Secretaría de Educación y Deporte de implementar protocolos para prevenir, atender y canalizar cualquier tipo de agresión, acoso o violencia que afecte a los docentes en el ejercicio de sus funciones.
El protocolo deberá contemplar medidas inmediatas y proporcionales ante situaciones de riesgo, así como mecanismos de actuación que respeten el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del personal educativo. También prevé asesoría y acompañamiento jurídico y psicológico tanto para las presuntas víctimas como para los trabajadores señalados.
Además, se ordena la creación de una instancia formal dentro de la autoridad educativa que brinde asesoría y un mecanismo seguro para interponer quejas o denuncias anónimas. Las autoridades escolares deberán recibir capacitación periódica en materia de manejo de conflictos y protección laboral.
El decreto establece que el protocolo será elaborado y publicado por la Secretaría de Educación y Deporte en un plazo de 90 días hábiles posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con la participación de sindicatos magisteriales, organismos de derechos humanos, legisladores y especialistas.
Durante la exposición del dictamen, las y los integrantes de la comisión destacaron que proteger a quienes educan es una obligación ética y jurídica del Estado, y que esta medida responde a las demandas del magisterio ante casos recientes de violencia, señalamientos infundados y vulneración de derechos.
El documento fue suscrito por los diputados Óscar Daniel Avitia Arellanes, presidente de la Comisión; Carlos Alfredo Olson San Vicente, secretario; así como por los vocales Roberto Arturo Medina Aguirre, Nancy Janeth Frías Frías, Francisco Adrián Sánchez Villegas, América Victoria Aguilar Gil y Herminia Gómez Carrasco.
Con esta acción legislativa, el Congreso del Estado de Chihuahua reafirma su compromiso con la dignificación de la labor docente y con la construcción de escuelas seguras, respetuosas y libres de violencia, en beneficio de toda la comunidad educativa.
S. Islas
